Comunidades Cristianas Populares

El hasta ahora Presidente del Gobierno Andaluz nos viene prometiendo múltiples medidas sobre política social encaminadas a favorecer a la sociedad andaluza.
Mientras tanto, su Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, critica el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y el Tribunal Constitucional desestima la demanda de la Junta contra la sentencia judicial que le ordenaba pagar 1.7 millones de euros a Carmen Fernández por haberle retirado a sus hijos indebidamente. Madre que luchó durante doce años para recuperarlos.
Contradictorio es igualmente que, a la par que el propio Presidente promete vivienda social para los andaluces, los delegados provinciales de la Consejería de Obras Públicas promueven desahucios de familias que viven en la más grave exclusión social.
Contradictorio es que se utilice un discurso político en el que se prime el respeto a las diferencias y a los derechos humanos, mientras que centenares de menores inmigrantes viven bajo la amenaza permanente de la repatriación vulnerando la Ley de Protección del Menor y los Convenios Internacionales de Protección a la Infancia.
Y contradictorio es que se hable de conciliación laboral y familiar , de ayudas a las familias y de igualdad mientras que se perpetua la insuficiencia de las ayudas para las familiares más desfavorecidas, quedando muy lejos de una renta básica que responda a las necesidades más elementales de las mismas.
Este doble discurso indica que PARA EL GOBIERNO ANDALUZ LAS 400.000 PERSONAS QUE PADECEN POBREZA SEVERA Y EXCLUSIÓN SOCIAL NO HAN SIDO NI SON EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ANDALUCÍA. Desde la precampaña electoral del año 2000, las diferentes Consejerías dedicadas a los Asuntos Sociales vienen prometiendo una serie de medidas encaminadas a minimizar las cifras de personas que sufren esta injusticia social. Después de ocho años, los datos sobre exclusión social no han variado, permaneciendo como una de las regiones europeas con mayor porcentaje de población empobrecida y excluida. El Presidente Manuel Chaves no habla de la exclusión ni quiere escuchar hablar de ella, ACTITUD QUE NO ENCUENTRA EL MENOR ATISBO DE CRÍTICA Y OPOSICIÓN POR PARTE DEL PARTIDO POPULAR, lo que demuestra claramente que el programa electoral del partido del Sr. Arenas no contempla ninguna política social encaminada a solucionar este importante problema de Andalucía.
Tenemos que seguir en el empeño de seguir desvelando el principal problema de nuestra tierra: la injusticia social que padecen miles de personas vivan en condiciones infrahumanas; exigiendo, al mismo tiempo su incorporación en el debate electoral.
104.644 hogares andaluces viven en la pobreza severa y exclusión social (5.2% de los hogares andaluces), en los que habitan 431.715 personas que sufren esta injusta realidad social (5.5% de la población andaluza). De los que 8.598 pertenecen a la provincia de Córdoba, en los que viven 31.375 personas, lo que supone un 4% de su población.
Ante esta situación, el Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la obligación, como primer responsable, de dar respuesta a este gravísimo problema social. Entre las medidas a adoptar debería tener en cuenta:

1. En primer lugar que tenga la honradez política de admitir, en el transcurso de la campaña electoral, que la exclusión social, al menos, es uno de los principales problemas sociales de Andalucía, que padecen más de 400.000 personas.
2. Ante esta realidad, su agenda política deberá priorizar todas las medidas encaminadas a erradicar el empobrecimiento y la exclusión social.
3. Para ello, la Junta de Andalucía deberá actuar ante el problema de la exclusión social como un área transversal, en la que principalmente las Consejerías de Hacienda y Economía, Obras Públicas, Empleo, Innovación, Educación y Salud desarrollen una serie de programas que vayan solucionando esta lacra social. Hasta ahora estas Consejerías tan sólo han planteado una serie de medidas tangenciales, que no atajan de raíz el problema.
4. La persona que designe como responsable en los asuntos sociales debería tener las siguientes cualidades:
   • Tener como primer objetivo erradicar la exclusión social. No olvidemos que desde finales de los años 90, en los que los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía presididos por Manuel Chaves han venido prometiendo la ley de inclusión social, las cifras sobre la exclusión social no han disminuido.
   • Una persona sensible que haga suya la tremenda situación de exclusión social en la que malviven miles de ancianos, niños, mujeres, familias. La igualdad real y el bienestar social son imposibles de alcanzar si no se desarrollan políticas sociales específicamente dirigidas a los sectores más empobrecidos.
   • Dialogante con el Defensor del Pueblo Andaluz, los movimientos sociales y todos aquellos sectores que luchan por una sociedad más justa e igualitaria. Una institución que no admite ni tolera disenso y crítica está, por eso mismo, condenada a perpetuar sus miserias, en este caso las miserias de los demás, y sus contradicciones.

La ciudadanía nos deberíamos de comprometer a denunciar esta injusta y grave realidad social y a comprometernos, en la medida de nuestras posibilidades, a erradicarla. Como bien dijo Max Horkheimer la utopía representa, por una parte, “la crítica de lo existente”; por otra, “la propuesta de lo que debería existir”. No es posible proponer alternativas a los problemas sociales, si no planteamos ante todo la debida crítica de lo que pretendemos cambiar.

Miguel Santiago Losada
Profesor y Coordinador del Área de Marginación de la APDHA
Córdoba, 18 Febrero 2008